Alberto Nisman, un crimen de Estado

Opinión
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Mañana se cumple el segundo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman. En el voluminoso expediente sobran elementos que abonan la hipótesis del asesinato. Hay tantas pruebas e indicios que resultan escandalosos el tiempo perdido y las maniobras intentadas para que este crimen de Estado no sea investigado.

Mañana se cumple el segundo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman. En el voluminoso expediente sobran elementos que abonan la hipótesis del asesinato. Hay tantas pruebas e indicios que resultan escandalosos el tiempo perdido y las maniobras intentadas para que este crimen de Estado no sea investigado.

Mucho se ha hablado sobre las circunstancias previas que podían anticipar el asesinato del fiscal en vísperas de presentar una grave denuncia contra el poder político. Había recibido numerosas amenazas de muerte, incluso del propio régimen teocrático iraní, y se le había quitado deliberadamente toda protección.

Son tantos y tan contundentes los elementos argumentales que cuesta ordenarlos. Se discute sobre la empuñadura del arma, la posición en que se encontró el cuerpo en el baño de su departamento, las manchas de sangre, el origen del disparo, etcétera. Lo que sí está claro es que fueron muchas y probadas las irregularidades que rodearon el caso. El fiscal federal Eduardo Taiano denunció a Sergio Berni, ex secretario de Seguridad de la Nación, y a su antecesora en la investigación, la fiscal Viviana Fein, ya jubilada, por no haber seguido los más elementales protocolos en materia de preservación de las pruebas y del lugar donde se halló muerto al fiscal que investigaba el atentado contra la AMIA. En palabras de uno de los abogados de las hijas de Nisman, la nueva denuncia es reconfortante y abona la tipificación de un encubrimiento por parte de funcionarios públicos. Por su parte, la jueza Sandra Arroyo Salgado, madre de las hijas de Nisman, ha expresado su preocupación frente al desvío de los recursos necesarios para la investigación dirigidos a estas nuevas denuncias.

El fallo de la Cámara en lo Criminal denunció numerosas irregularidades cuando ordenó el pase de la causa a la justicia federal. Luego, la sentencia de la jueza de la Cámara de Casación, María Laura Garrigós de Rébori, fundadora y titular de Justicia Legítima, cambió su jurisprudencia particularmente para este caso al sostener que correspondía la intervención de la justicia de instrucción.

Un párrafo aparte merecen las innumerables irregularidades procesales que rodearon la cuestión. Para empezar, en lugar de dar intervención a un fiscal claramente independiente y de probada capacidad como Carlos Rívolo, se omitió toda intervención de la justicia federal, como hubiera correspondido frente a tamaño magnicidio. Tampoco correspondía que Berni, entonces funcionario, y su gente, sin función jurisdiccional alguna, entraran en la escena del crimen. La competencia era de la Prefectura, pero Fein permitió que el peritaje lo realizaran al mismo tiempo dos organismos, la Prefectura y la Policía Federal, un permiso que sólo podía tener por objeto obstaculizar el camino a la verdad. La extemporánea intromisión de la policía bien puede explicarse si el objetivo era retirar las evidencias, dado que no tenía ni termómetro para tomar la temperatura del cadáver. Se supo luego que los mensajes y textos de la computadora personal y del celular del fiscal habían sido borrados. El hecho es que las dos fuerzas peritaban paralelamente en distintos lugares del departamento, con la escena del crimen desordenada y violada. Recordemos que fue la propia fiscal quien la redujo exclusivamente al baño y no al departamento entero, como señala el más elemental manual de procedimiento.

Se han difundido las imágenes de los procedimientos en el departamento, incluyendo a la propia fiscal desplazándose en la escena descuidadamente sobre la sangre. Se manipularon pruebas sin guantes, se utilizó imprudentemente un trapo para limpiar el arma con el pretexto de quitar la sangre para ver la numeración, algo secundario a esa altura. Han llovido fundadas críticas a la forma en que se recolectaron las pruebas, hubo elementos que no se resguardaron debidamente y eso impidió evaluarlos con rigor científico.

No se secuestraron las filmaciones de las cámaras de seguridad en el momento y después se buscó sospechosamente justificar que, casualmente, habían fallado ese día. En la misma línea, se obviaron los testimonios de vecinos que podrían haber servido para reconstruir lo ocurrido. El único celular incautado fue el del propio Nisman, puesto a disposición de la Policía Federal. De dicho dispositivo se robaron fotos personales que luego inundaron las calles sin que a la fecha nadie haya investigado las responsabilidades por estos procederes. Sería la propia Fein quien luego afirmaría que no existía ningún borrador de Nisman en el que se denunciara a la entonces presidenta, para luego retractarse. Jamás fue interrogada para zanjar tamañas contradicciones. Tampoco se investigaron debidamente la comunicación con Alberto Mazzino, de la ex SIDE, en la tarde del sábado previo al hallazgo del cadáver, ni las innumerables llamadas entre Antonio Stiuso, Mazzino, Fernando Pocino y el general César Milani cuando el fiscal ya estaba muerto y todavía no se conocía la noticia.

Se pueden considerar alternativas distintas de cara al mismo escenario para responder tantos interrogantes. Hasta aquí, hay sobrados elementos que permiten considerar un montaje posterior a la muerte para abonar la teoría del suicidio. Cabe preguntarse por qué se intentaría tapar un suicidio libre y voluntario. La pistola utilizada, una Bersa calibre 22, estaba limpia, sin manchas dactilares, frente a lo cual los peritos de la cuestionada fiscal interviniente adujeron ridículamente que la propia sangre las había borrado. No habría sido Nisman quien disparó el arma homicida.Tampoco se puede explicar que habiendo sido diestro, el arma fuera hallada bajo su hombro izquierdo.

Cabe recordar también que la sangre en su remera indicaba que el cuerpo había sido movido antes de la llegada de los investigadores. Consta también en el expediente que tanto el médico como la enfermera que hallaron el cuerpo ya sin vida declararon que la posición que registró la foto difundida por la Policía Federal no concuerda con lo que ellos vieron.

Quien supuestamente le facilitó el arma y fue también la última persona en ver a Nisman vivo, Diego Lagomarsino, nunca fue demorado, ni su teléfono móvil fue incautado, ni se lo interrogó en profundidad.

Múltiples han sido también los agravantes que enturbiaron la investigación, comenzando por las contradicciones entre el relato de los hechos por parte de Berni y de Cristina Kirchner, desdiciéndose y corrigiéndose ante una sociedad atónita. La jueza Fabiana Palmaghini avalaba las decisiones de Fein, que contravenían normas y procedimientos.

Uno de los peritos forenses dio la directiva de que la autopsia se hiciera sin audio y la fiscal lo permitió. Fue la ex esposa de Nisman quien declaró que se habían violado los derechos de la víctima. Meses atrás, la Corte instó a analizar el homicidio, la muerte por mano propia y la instigación, incluso mediante actos de coerción, para que el fiscal se matara.

El 18 de enero de 2015, en el departamento "A" del piso 13 de las Torres Le Parc, se inició uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Honrar la memoria de Nisman impone que la Justicia actúe con valentía, seriedad y profundidad para desentrañar las circunstancias que rodearon su muerte violenta. Es inconcebible que la procuradora general de la Nación no apoye enfáticamente la tarea del fiscal Taiano y que haya premiado a los empleados de Fein, ascendiéndolos sin razón para ello.

Una mujer y sus dos hijas buscan y esperan una respuesta. Merecen tenerla y no querellar en soledad ante tanta impunidad. La sociedad debe acompañar y asumir como propio este reclamo y una forma de demostrarlo es concurrir al acto que tendrá lugar mañana, a las 18, frente a la Unidad Fiscal donde trabajaba Nisman, Hipólito Yrigoyen 460, frente a la Plaza de Mayo.