España aprobó ley que otorga nacionalidad a judíos sefardíes

Aliá
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l jueves 11 de junio entrará en la historia como el día en que el Parlamento español aprobó la concesión de la nacionalidad a los descendientes de los judíos expulsados de España hace cinco siglos.

l jueves 11 de junio entrará en la historia como el día en que el Parlamento español aprobó la concesión de la nacionalidad a los descendientes de los judíos expulsados de España hace cinco siglos.

Dos años después de que comenzara el procedimiento legislativo y transcurridos 523 del edicto de expulsión de los Reyes Católicos, el Congreso dio luz verde definitiva a la ley que abre la puerta a que los sefardíes accedan a la nacionalidad española en reconocimiento a un legado que perduró imborrable a lo largo de los siglos.

La legislación va dirigida a los descendientes de los judíos expulsados de la Península Ibérica que puedan acreditar su origen y su especial vinculación con España a través del conocimiento de la lengua y la cultura, aunque no tengan residencia legal en ese país.

«Es un día histórico e importante. Se abre una nueva era en las relaciones entre el mundo judío y la hispanidad, aunque con 500 años de retraso», aseguró Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, que ofreció una pequeña rueda de prensa a las puertas del Congreso acompañado por los titulares de Justicia y Exteriores, Rafael Catalá y José Manuel García Margallo, y otros representantes políticos.

«Esta ley dice mucho de lo que fuimos en el pasado y de lo que somos hoy los españoles y lo que queremos ser en el futuro, una España abierta, diversa y tolerante», señaló el ministro de Justicia.

Por su parte, el canciller destacó que el proyecto de ley es obra de todo el Gobierno y que supone la «reparación de una deuda histórica» con las comunidades judías.

Para todos los partidos españoles esta aprobación supone «una reparación de una injusticia histórica», aunque algunos grupos de la oposición consideran que todavía tiene «graves carencias» y algunos denunciaron la exclusión de otros colectivos como los ciudadanos del Sáhara.

Grupos de la oposición destacaron también que la norma pone muchas dificultades para que los sefardíes accedan a la nacionalidad, como el pago de una tasa de cien euros o las pruebas que demuestran una especial vinculación con España.

«Creo que es un gesto muy positivo, una especie de compensación menor por lo que supuso la Inquisición y la expulsion», declaró Ashley Perry, sefardí de origen británico que podría optar a la nacionalidad española.

Perry explicó que su apellido es una deformación inglesa de «Pérez» y que puede trazar su árbol genealógico con facilidad arrancando desde España, tanto por el seguimiento de costumbres sefardíes como por el uso del ladino en numerosas oraciones que recita a lo largo del año.

«De acuerdo a la tradición familiar, mis antepasados vivieron en Córdoba donde residieron 2000 años. Tras la expulsión en 1942 se desplazaron a Portugal, luego a Holanda para asentarse en Inglaterra hace 300 años, donde fueron de los primeros judíos que establecieron la comunidad sefardí de Londres», aseguró este antiguo asesor del ex ministro de Exteriores israelí Avigdor Liberman.

Aunque aún estudia si va a solicitar naturalizarse español, Perry aseguró sentir un vínculo muy profundo con España, país que nunca pisó.

«A nivel práctico no tiene mucho significado para mí, pero a nivel histórico quizá lo considere porque es un gesto hacia mis ancestros oprimidos. Sería como cerrar un círculo si pudieran llamarme español de nuevo», sostuvo.

Al igual que muchos otros sefardíes repartidos por el globo - se calcula que rondan los 3,5 millones -, Perry tiene muy arraigada la cultura procedente de «Sefarad», que considera parte de su identidad judía en la que predomina un sentimiento ambivalente.

«Por un lado mis raíces culturales, históricas y litúrgicas están en España. Pero por otro, la expulsión fue tan traumática que incluso algunos rabinos prohibieron durante 400 años a los exiliados regresar, algo que perduró en la memoria colectiva, un sentimiento parecido al de muchos judíos alemanes tras el Holocausto», dijo.

Perry defendió de forma paralela que Israel debe conceder la nacionalidad a los descendientes de conversos y que «cuanto más se aprenda de judaísmo y de nuestra cultura compartida, más se reducirá el antisemitismo».

El abogado León Amirás, presidente de la Organización de emigrantes en Israel de Latinoamérica, España y Portugal (OLEI) y aspirante a la nacionalidad española, valoró la ley como un gesto simbólico, pero adelantó que su puesta en práctica supondrá la verdadera prueba de fuego.

«Sin ninguna duda me causa gran emoción que después de tanto tiempo finalmente tengamos una ley que deja al alcance de miles y miles de sefardíes en Israel y en el mundo el famoso pasaporte español», expresó.

Amirás es descendiente de judíos que emigraron a Turquía tras la expulsión, emparentado por línea materna con Salomón Cavalliero, quien fuera a principios de siglo XVI médico y rabino de la comunidad judía sefardí de Salónica (Grecia).

Como letrado, aseguró haber recibido centenares de solicitudes para tramitar la españolidad, pero una de las primeras barreras que se topan los candidatos es el «certificado de quién es sefardí, esto no queda claro en la ley».

Al mismo tiempo manifesto su preocupación por el hecho de que los solicitantes deban superar un curso de tradiciones y costumbres españolas y de idioma castellano. «No sé qué les pueden preguntar, cuántos goles marcó Cristiano Ronaldo o si conocen la Constitución», apuntó irónico.

«Terminamos con las palabras, la ley - que entra en vigor el 1 de octubre - existe y está en manos del Gobierno, la Administración y la burocracia españolas transformarla en una realidad», advirtió Amirás.

«Espero que sirva para acercar a los dos pueblos porque hace cinco siglos en torno al 90% de los judíos hablaba español, su comida era española y su música española. Espero que sea el punto de partida para volver a vincularnos», señaló Perry.

Los interesados en adquirir la nacionalidad española tendrán un plazo de tres años, que se puede prorrogar por otro.

La concesión requiere el cumplimiento de dos requisitos imprescindibles: justificar la condición de sefardí y la especial vinculación con España.

Además, todos aquellos que no provengan de países de habla hispana, deberán superar una prueba de evaluación de conocimientos de Lengua, Cultura y Costumbres Españolas, gestionada por el Instituto Cervantes.